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La Guardia Civil desarticula una red de especuladores en Chiclana

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La Guardia Civil desarticula una red de especuladores en Chiclana

Un total de 38 personas, seis detenidos y 32 imputados, han sido puestas a disposición judicial gracias a una operación del Equipo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil de Cádiz. Dicha operación ha estado dirigida a desarticular una red presuntamente dedicada a la especulación urbanística en Chiclana y sus miembros serán acusados de delitos de estafa, organización criminal, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.

La bautizada como ‘Operación Yate’ surgió con la finalidad de investigar varios delitos que se venían cometiendo en el término municipal de Chiclana, en relación con la compra de fincas y su división para la posterior construcción ilegal de viviendas unifamiliares. Inmediatamente se detectó que varias empresas estaban adquiriendo terrenos, que no estaban registrados como urbanizables en el Plan General de Ordenación Urbana, con la intención de parcelarlos para venderlos por lotes posteriormente.

Para conseguir las notas registrales necesarias para la venta, la organización criminal recurría, supuestamente, a arquitectos que emitían certificados de antigüedad falsos que acreditaban la existencia de viviendas con más de cuatro años en dichas fincas.

Los certificados eran emitidos a nombre de testaferros para ocultar la identidad de los promotores y una vez visados por el Colegio de Arquitectos, conseguían que los notarios certificasen en las escrituras públicas las declaraciones como obra nueva de unas viviendas que no existían. A continuación, la banda criminal procedía a la división horizontal de las supuestas viviendas para, finalmente, inscribirlas en el Registro de la Propiedad de Chiclana.

Así pues, con la simple obtención de la nota registral de la parcela que querían vender, conseguían convencer a los compradores de que estaban en regla y venderles las parcelas con o sin vivienda construida, en ocasiones a través de las inmobiliarias de la zona.

La presunta red de especuladores contaba con agentes financieros entre sus miembros, quienes llegaban a falsificar la documentación económica de los eventuales compradores, necesaria para los trámites de solicitud de los créditos hipotecarios. Al no estar construidas las viviendas, los tasadores utilizaban otras como modelo para que fuesen valoradas como objetos de la garantía del préstamo. Una vez realizado el informe de tasación y de ser validado por la empresa tasadora, éste se remitía a la sucursal financiera junto con el resto de la documentación falsificada. Por último, se procedía a la venta de las parcelas y a la construcción de las viviendas, con el correspondiente beneficio para promotores y constructores.

Para eludir a la justicia y las consecuencias legales de sus hechos delictivos, los cerebros de la banda habían tejido un complejo entramado de sociedades y testaferros, evitando que sus nombres figurasen en ninguna clase de documento público o privado. Al mismo tiempo, sorteaban las sanciones impuestas por la Gerencia Municipal de Urbanismo y las reclamaciones de la Hacienda de la Junta de Andalucía por el impago del Impuesto de Sucesiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, pues se aseguraban de que los testaferros que utilizaban fuesen insolventes.

Entre las 38 personas relacionadas con esta supuesta red de especuladores, figuran promotores, constructores, arquitectos, arquitectos técnicos, tasadores, abogados, agentes de la propiedad inmobiliaria, agentes colaboradores de entidades financieras, testaferros y particulares. Todos ellos han sido puestos a disposición judicial en el juzgado número tres de Chiclana.

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