Hay documentos que se leen; otros, en cambio, se descifran como si uno estuviera abriendo una tumba egipcia con una fotocopiadora de 2004. Este decreto pertenece a la segunda categoría. Pero el mensaje de fondo no admite mucha poesía: el Ayuntamiento fija cuánto dinero recibirán los grupos políticos municipales y deja claro que la democracia, además de urnas, plenos y broncas con micrófono, también funciona con una contabilidad muy precisa.
Se amarra a las bases de ejecución presupuestaria y, más concretamente, a un presupuesto prorrogado. Las subvenciones a los partidos políticos se hace conforme a las bases del ejercicio económico 2025 prorrogado del Ayuntamiento.
El ayuntamiento fija una dotación total de 312.000 euros para los grupos municipales en 2026. A partir de ahí, diferencia entre cuantía fija y cuantía variable. La fija asciende a 180.000 euros, lo que encaja con esos 45.000 euros por grupo para cuatro grupos políticos. La variable queda en 132.000 euros, que se reparte según el número de concejales de cada grupo. El sistema intenta equilibrar dos lógicas, la institucional y la representativa. Una por ser grupo; otra por el peso electoral traducido en sillones. Todos los partidos cobran una base por existir como grupo, y después se añade el plus por tamaño.
La cuantía fija reconoce que un grupo municipal tiene costes de funcionamiento por el mero hecho de existir: personal, organización, actividad política, papeles infinitos, cafés de guerra y, probablemente, alguna grapadora con más experiencia que media corporación. La cuantía variable, en cambio, parte de la lógica de que no cuesta lo mismo sostener un grupo con muchos concejales que uno pequeño. Es una fórmula híbrida que intenta evitar dos extremos: que todo dependa del tamaño o que el tamaño no importe en absoluto.
Cuando el dinero va “a los míos”, se llama funcionamiento institucional. Cuando va “a los otros”, de repente algunos descubren a Adam Smith, a Cicerón y a la Virgen de la austeridad. Pero el decreto no entra en esa comedia. Se limita a poner cifras, artículos y firmas. La ironía, como casi siempre, la pone la realidad.
Corresponde a la Tenencia de Alcaldía Delegada de Hacienda resolver esta cuestión. De hecho, uno de los datos más reveladores del documento es la mención a la “cuantía anual por concejal”, que aparece fijada en el cuadro-resumen final. Ese detalle confirma que la distribución variable no se hace a ojo ni por simpatía ideológica, sino con una fórmula predeterminada. Puede discutirse si la fórmula es la mejor, la más justa o la más proporcionada, pero no parece una improvisación arbitraria. Y eso, en política local, ya es casi una rareza exótica.
En paralelo, el decreto recuerda que contra la resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de un mes desde la notificación. Esa coletilla jurídica, que suele leerse como quien mira la letra pequeña del seguro del coche, tiene su importancia política. Porque toda decisión administrativa quiere parecer incontestable, pero ninguna renuncia del todo a la posibilidad de que alguien diga: “un momento, esto no me cuadra”. El sistema se protege incluso de sí mismo, que es la forma más madura —y más desconfiada— de civilización administrativa.
| Partido | Fijo | Variable | Asignación por concejal (número de concejales) | Total |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 39000 | 74608,7 | 10328,06 (11) | 113608,7 |
| PP | 39000 | 47478,26 | 12354,03 (7) | 86478,26 |
| VOX | 39000 | 20347,83 | 19782,61 (3) | 59347,83 |
| IU | 39000 | 13565,22 | 26282,61 (2) | 52565,22 |
Al establecer una parte fija potente, el sistema protege relativamente a los grupos pequeños frente a una lógica puramente proporcional. Es decir, aunque la representación importe, el decreto reconoce que incluso una formación con pocos concejales necesita una estructura mínima para operar.
Detrás del humo léxico hay una pregunta muy terrenal: ¿es mucho o es poco 312.000 euros para todos los grupos del Ayuntamiento de Chiclana? La respuesta no está solo en la cifra, sino en el contexto político y municipal. Para quien vea estos fondos como una herramienta necesaria para que los grupos puedan desarrollar su labor institucional, el decreto parecerá una pieza rutinaria de funcionamiento democrático. Para quien sospeche de todo euro que roce un partido político, sonará a otro capítulo del viejo género nacional: el contribuyente poniendo la mesa mientras los partidos discuten quién se sienta más cerca del jamón. El documento no resuelve esa tensión; la administra. Y eso, seguramente, ya era bastante ambición para tres páginas.
