“Don Manuel, lo que usted ha dicho de calma y de confianza está muy bien; pero sepa usted que yo llevo muchos días saliendo de mi casa antes de que mis hijos se levanten y volviendo después de haberse acostado, para no pasar el dolor de oírles pedirme pan y no podérselo dar…”

(Manuel Muñoz Martínez, parafraseando las palabras de un campesino gaditano en la Cámara).

Manuel Muñoz Martínez trasladó a la Cámara de la Segunda República las quejas del campesinado andaluz (en este caso, las de un trabajador del campo que había asistido a un mitin donde se habían reunido más de un millar de obreros). Tendría que ser harto difícil para este diputado por Cádiz -nacido en Chiclana de la Frontera, allá por 1888- escuchar las demandas urgentes de un campo cada vez más rebelde, donde se producían sucesos sangrientos como los de Casas Viejas (enero de 1933).

La Segunda República de España (1931-1939) trataba de dar voz,  por primera vez, a los desheredados que seguían padeciendo la pobreza y desigualdad extrema de siempre. En este sentido, su intervención en las Cortes del 23 de febrero de 1933 denunció expresamente el poder abusivo de aquellos terratenientes andaluces, sin menoscabo de los actos “incalificables e inhumanos” que se habrían cometido en el pueblo gaditano, y pidiendo su aclaración para hacer “justicia a secas y a fondo”, según se cuenta en el diccionario donde Leandro Álvarez Rey recoge las biografías de los diputados republicanos andaluces.

Pero, ¿quién era Manuel Muñoz Martínez, además de diputado socialista… Y masón? Pues era el hijo de Agustín Muñoz Rodríguez (militar y juez municipal, más tarde, de Chiclana) y de Mariana Martínez Garillo. En 1907, tras pasar por la Academia de Infantería de Toledo, se convirtió en segundo teniente por promoción, y fue destinado al Regimiento de Infantería Pavía nº 46 (de guarnición en la provincia de Cádiz). Continuó ascendiendo de rango militar, pasando de ser primer teniente en 1909 a capitán de Infantería por antigüedad en 1913; Málaga y Ceuta fueron otros destinos por los que pasó. En 1914 participó en la conmemoración celebrada en la villa de la Batalla de Chiclana, donde también se rindió homenaje al Magistral Cabrera.

Fue elegido diputado en tres ocasiones: en las elecciones de 1931 (época en la que ascendió como máximo dirigente del Partido Radical-Socialista, desde el que luego pasaría al sector del Partido Republicano Radical-Socialista Independiente), 1933 y 1936. Siempre por la circunscripción de Cádiz (fue de hecho el único diputado de la provincia presente en las tres legislaturas republicanas); terminó adscrito, finalmente, a la minoría radical-socialista independiente.

La Guerra Civil

El triunfo electoral del Frente Popular colocó a Muñoz Martínez en el puesto de gobernador civil de Cádiz, del 20 al 26 de febrero de 1936. Muy poco después regresó a Madrid, ciudad en la que emprendió una nueva etapa como diputado. El golpe de Estado del general Francisco Franco le pilló allí, en julio de aquel año. Ya en plena Guerra Civil, el político chiclanero formó parte -de nuevo como parlamentario- de las comisiones de Guerra e Incompatibilidades; fue también presidente de la Gobernación y secretario de la comisión de Defensa Nacional. Pero hubo un cargo que marcó a fuego su historia personal: el mando de la Dirección General de Seguridad. Estando al frente de la DGS en la capital fue cuando se produjeron las terribles matanzas de la cárcel Modelo, las expeditivas “checas” de comités, sindicatos y partidos del Frente Popular y “las sacas de presos de noviembre, que culminaron en los fusilamientos de miles de personas en Paracuellos del Jarama”, afirma el relato de Álvarez Rey.

Aquello selló su futuro, pues estamos hablando de uno de los episodios más funestos de la Guerra Civil española (en este caso, atribuido a los republicanos). En relación con este espinoso tema, José Aquiles Pettenghi Lachambre se refiere -en su libro sobre el trágico destino de los gobernadores civiles de Cádiz- a historiadores y fuentes que “permiten proyectar nuevas luces sobre la actuación y responsabilidad de Manuel Muñoz Martínez en aquellos atroces sucesos que supusieron, por otra parte, un golpe moral y un grave descrédito para la República”. Cita a investigadores de prestigio como Ian Gibson o Santos Juliá, quienes coinciden “en señalar que el Gobierno republicano no ordenó ninguna matanza, que éstas fueron producto de la exaltación y el desbordamiento de la retaguardia republicana ante el avance de los sublevados hacia Madrid”. Es más, según Gibson, aquella lex talionis habría sido instigada por “comunistas asesorados por algunos militares rusos”.

Pettenghi Lachambre, por lo tanto, no atribuye una responsabilidad directa a Muñoz Martínez en aquéllas y otras atrocidades cometidas en el Madrid asediado por el bando republicano (“es preciso aclarar que en la retaguardia republicana hubo, en efecto, matones y asesinos […] pero Manuel Muñoz Martínez no fue uno de ellos”, señala). Álvarez Rey añade que “Muñoz no encontró nunca en los ministros Sebastián Pozas y Ángel Galarza el respaldo ni los recursos necesarios para lograr imponerse” a los llamados “elementos incontrolados” que asesinaban sin juicio ni piedad a religiosos y derechistas, al margen de la ley y el orden público.

Según autores revisionistas, en cambio, el chiclanero sí que habría sido responsable -se entiende que por omisión, e incluso por acción- al dejar hacer o promover comités sin atribuciones jurídicas que aplicaban la pena de muerte de forma arbitraria, además. En “La historia secreta de la Iglesia católica” (2014), por ejemplo, César Vidal habla de la reunión en agosto de 1936 que tuvo lugar en el palacio del Círculo de Bellas Artes donde “se acordó la constitución de un Comité Provincial de Investigación Pública” coordinado por la Dirección General de Seguridad cuya función era “encargarse de las tareas de represión en la denominada zona republicana”. Muñoz Martínez habría convocado, según Vidal, esta “decisiva” reunión. Álvarez Rey, sin embargo, resta toda credibilidad a quienes tilda como pseudo-historiadores o, directamente, defensores de la sublevación militar de 1936, que en primera y última instancia habría sido la “responsable principal de este hundimiento de la autoridad del Estado y de sus instrumentos de actuación”.

Fugitivo del régimen

El traslado a Valencia de Manuel Muñoz Martínez -junto con el Gobierno republicano presidido por Largo Caballero, del PSOE- vino acompañado de suma amargura, tras conocerse el asesinato de su padre a manos de los nacionales y la muerte de su hijo Manuel, que a la edad de 16 años había sucumbido a la tuberculosis mientras permanecía encarcelado en la Prisión Provincial de Sevilla. La familia superviviente del diputado por Cádiz marchó a Barcelona, donde éste fue nombrado presidente del consejo de administración del Banco de Bilbao. Habían pasado dos años de la contienda cuando pasó a representar a Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, en el Secretariado de Relaciones con los partidos republicanos (le acompañaba en este cometido el diputado por Málaga Emilio Baeza). La última de las reuniones de las Cortes celebrada en suelo español durante la Guerra Civil -que tuvo lugar en el castillo de Figueras, el 1 de febrero de 1939-, no contó con su presencia. Había causas mayores.

El chiclanero había huido junto a sus parientes a través puesto fronterizo de Le Perthus, instalándose en Perpiñán). Ahí comenzó una etapa de enorme inestabilidad para sí y para su familia, dada la situación del país vecino (y a pesar de contar con la leal ayuda de un primo hermano francés, Charles Fol). La estancia parisina iba acompañada de gestiones ante los organismos republicanos para conseguir viajar a México, que a la postre se mostraron inútiles. Su familia -avalada por otro pariente de Chiclana, el militar y concejal Agustín Herrero Muñoz– regresó a España desde el sur francés, no así el propio Manuel Muñoz Martínez, quien tuvo que volver a París.

Allí, según las investigaciones de Fernando Sigler Silvera (citado en el relato de Álvarez Rey, y autor de “Cautivo de la Gestapo. Legado y tragedia del dirigente republicano y masón gaditano Manuel Muñoz Martínez”, 2010), se refugió hasta la ocupación nazi. Por aquel entonces vivía en compañía de la hermana de María Zambrano, Araceli, según la información de la policía francesa.

Extradición y ejecución

A aquellas alturas de la historia, Manuel Muñoz Martínez se había convertido en enemigo público número uno del régimen franquista, que no dudó en pedir su extradición al gobierno colaboracionista de Vichy. El 14 de octubre de 1940 fue detenido e interrogado por la Gestapo, que le mantuvo incomunicado durante más de un año; de nada sirvieron las gestiones de su primo. Juzgado por la Corte de Apelación de París en enero de 1942, según la investigación de Sigler Silvera, el dirigente republicano fue entregado ese año a la policía franquista; y condenado a muerte por un consejo de guerra que le acusaba, entre otros crímenes, de estar implicado en la matanza de Paracuellos del Jarama, así como del asesinato de otros derechistas represaliados. También se le acusó de “masón de alto grado” (algo que sí era cierto y probado).

Su masonería

Sus inicios como masón tuvieron lugar en la Logia Fidelidad nº 23 de Cádiz capital, perteneciente al Grande Oriente Español y a la Federación de la Regional del Mediodía. Corría el año 1926. En 1930 fue exaltado al grado de maestro en la Orden, llegando a alcanzar el grado 33º. Su trayectoria masónica abarcó otras logias, y le llevó al Gran Consejo General Simbólico en 1933 (donde ejerció como vocal 4º). En 1935 fue uno de los candidatos que registró más votos en la elección de Gran Maestre del Gran Oriente, apunta Álvarez Rey; durante la guerra, auxilió a los masones de La Línea, refugiados en Gibraltar para librarse de las matanzas franquistas.

“Ningún acto criminal, ni deshonroso, he cometido que manche mi nombre, el de mis hijos y el que tú llevas…”, escribió Manuel Muñoz Martínez a su mujer, la gaditana María Dolores Pérez Martín-Arroyo. Lo hizo poco antes de que ser fusilado en las tapias del cementerio del Este de Madrid, un 1 de diciembre de 1942. El republicano de Chiclana tenía 52 años de edad en ese momento. Cuenta su hija, María Dolores Muñoz Pérez, que el estigma les persiguió durante toda la dictadura. Pocos fueron quienes echaron un cable a la familia, con loables excepciones como la de Jerónimo Almagro, alcalde gaditano de filiación conservadora. El paso del diputado por la Dirección General de Seguridad en un período de desorden tan calamitoso ensombreció, sin lugar a dudas, la intensa y encomiable labor por los más desfavorecidos que nuestro paisano realizó durante la Segunda República.