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El Ayuntamiento aplaza el desahucio de una vivienda ocupada por un matrimonio en paro y con dos hijos

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El Ayuntamiento aplaza el desahucio de una vivienda ocupada por un matrimonio en paro y con dos hijos

El pasado lunes el Ayuntamiento de Chiclana consiguió paralizar el desahucio de una vivienda de propiedad municipal situada en el número 9 de la calle Paciano del Barco. Tal y como han confirmado las fuentes municipales, el Consistorio ha pospuesto la ejecución de la orden judicial que dictaminó el desalojo de la vivienda hasta la finalización del presente curso escolar, con objeto de no perjudicar a los dos hijos del matrimonio que ocupa actualmente la vivienda.

Ascensión Hita, delegada municipal de Patrimonio, fue la encargada de firmar el decreto que aplaza la ejecución de la sentencia de desahucio hasta el próximo mes de julio. Por su parte, Andrés Núñez, portavoz del equipo de gobierno, incidió en el hecho de que «desde el Ayuntamiento se ha tomado esta decisión en defensa de los menores y del perjuicio que esto les ocasionaría a estas alturas del curso escolar. Es por ello, que se ha impulsado un decreto que aplaza el desahucio hasta el mes de julio». Al mismo tiempo, el concejal aprovechó para destacar la necesidad de respetar la igualdad entre los ciudadanos que solicitan viviendas de protección oficial y recordó que aquellos que deseen acceder a una vivienda municipal deben acudir al Registro de Demandantes de Viviendas, en el que ya hay inscritas casi 1.600 familias.

El matrimonio en cuestión, viene habitando la vivienda propiedad del Ayuntamiento de Chiclana desde hace aproximadamente dos años y cabe destacar que el inquilino anterior les hizo entrega de las llaves sin que existiese ningún tipo de contrato de arrendamiento que certificase la transacción. La notificación de la orden de desahucio supuso un duro golpe para la pareja, ya que se veían obligados a abandonar su domicilio además de encontrarse ambos en situación de desempleo.

Una de las soluciones que propuso el consistorio en su momento, fue la de subvencionar, por un periodo de seis meses, un 40 por ciento del coste de otra vivienda en alquiler. Sin embargo, esta medida no fue aceptada por los afectados, que argumentaron no poder hacer frente a los elevados precios de arrendamiento.

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