Los chiclaneros que viven presionados por una orden de desahucio esperan una resolución favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la cuestión planteada por la magistrada Juliane Kokott, en cuanto a la posible vulneración de la normativa comunitaria por no garantizar protección a los consumidores frente a unas cláusulas contractuales abusivas. Mientras tanto, la Junta de Jueces de Chiclana decidió este mismo mes paralizar los procesos hipotecarios en la ciudad.

Sin embargo, la Asociación de Afectados por la Hipoteca de Chiclana continúa apoyando a aquellas familias que están perjudicadas por una orden judicial de lanzamiento. Así, plantearon que denunciar al banco en cuestión por considerar nula alguna de las cláusulas del contrato hipotecario «puede anular el procedimiento».

En este sentido, el presidente de este colectivo, Juan José Sánchez, subrayó que sin esperar a la resolución de la Unión Europea, todos los afectados que demanden al banco por «una cláusula abusiva en relación al consumidor, tendrán la posibilidad de retrasar su procedimiento de ejecución hipotecaria o, incluso, su desahucio», según informaron desde la Voz Digital.

A este respecto, Sánchez concretó que con ello miles de procedimientos ejecutores hipotecarios «podrán conseguir una prórroga y una negociación más civilizadamente, al convertir a los demandados amenazados, en demandantes». Esto consitiría en presentar, lo que en término jurídico se denomina «demanda de nulidad de las condiciones generales de la contratación». De hecho, subrayó que «muchísimos préstamos hipotecarios están atestados de estos tipos de cláusulas».

Concretamente, la demora podría alcanzar «los diez años» mediante la nueva Ley de Tasas y, «de ser aceptada por el Juez, se paralizaría hasta otros siete años más, hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional». Con ello, creen que se abre una puerta hacia las negociaciones con la banca, ya sea para adaptar los pagos o lograr un alquiler social.