El Alcalde ha sido llamado a declarar, al Juzgado de Instrucción número 2, en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, tras la querella que le interpuso Joaquín Muriano, ex concejal y ex delegado de Urbanismo del PSOE.

Ernesto Marín, Alcalde de Chiclana

Esta rivalidad surgió en 2008 cuando el PP de Chiclana denunció a Muriano por un caso de excesos de aprovechamientos en el Hotel Barceló y el supermercado Supersol, ubicado en la Loma del Puerco de Sancti Petri. Este litigio fue archivado hace meses por la FIscalía Provincial de Cádiz y el anteriormente citado juzgado.

Tras esta resolución, el ex delegado de urbanismo contraatacó judicialmente contra el alcalde de Chiclana, acusándole de que en la causa contra su persona se usó dinero público.

Por ello, Ernesto Marín tendrá que declarar después de que lo hagan el secretario y el interventor municipal, Francisco Javier López Fernández y Tomás Pérez Cruceira, así como Ana Rodríguez (IU) y el abogado Jesús Jiménez, todos en calidad de testigos el próximo 23 de abril.

Según Joaquín Muriano, la actuación del alcalde no contaba con ningún informe jurídico que lo avalase. Y además, no existe ni un expediente administrativo que se haya creado para aprobar dicha actuación. En su denuncia, el ex edil afirma que el alcalde utilizó el orden jurídico-administrativo, la personalidad jurídica y los recursos económicos del Ayuntamiento para interponer una querella contra un rival político por un «interés partidista”.

Además, argumenta que las querellas fueron interpuestas en nombre del Ayuntamiento pero sin contar con éste, ya que no consta ningún dictamen jurídico previo a la resolución para la interposición de acciones y no consta notificación personal hacia su persona. Resaltó también Muriano, que los costes públicos que se han generado para llevar a cabo la maniobra política han alcanzado la cantidad de 100.000 euros.

Por la otra parte, el regidor chiclanero aseguraba ayer, 4 de marzo, que por esta denuncia contra el ex concejal de Urbanismo sólo pagó 2.400 euros al abogado que se encargó del caso. Y resaltó que lo más llamativo es que José María Román (PSOE) cuando era alcalde continuó con el procedimiento y le abonó otros 2.400 euros al mismo abogado.

El Alcalde recurrirá el auto de imputación, y lo ha calificado de “absoluta paradoja”, ya que asegura que solo es una consecuencia de la denuncia que puso a Muriano al saber que este había concedido dos licencias en contra de lo informes técnicos, caso sobre el que aún la Audiencia Provincial no se ha pronunciado. Y ha declarado que la presentación de la denuncia ahora, se debe a la proximidad de las elecciones municipales en mayo. Ya que la denuncia se presentó en 2014 y el tema viene desde 2008.

Por la otra parte, Muriano hace referencia a la “pena de banquillo” que ha soportado como consecuencia de la actuación del alcalde, teniendo que soportar que Marín y otros rivales políticos lo descalificaron en base a su imputación. Así mismo, ha informado que con independencia de si prospera o no la imputación va a reclamar civilmente daños y perjuicios por los complicados seis años que ha pasado.

Algunos miembros del Gobierno Local han realizado menciones en sus perfiles de las redes sociales, como ha sido el caso de Ascen Hita Fernández.